CONCERTADAS Y CASTELLANOS

Vuelve a andar el gallinero revuelto a cuenta de los trapicheos del gobierno de Sánchez, que le ha cogido el gustillo a lo de meter la mano en la caja de Pandora de la educación. La ministra Celaá ha quedado encinta de una nueva ley educativa, la octava de la democracia, que como viene siendo habitual tras la primera ecografía parlamentaria de esta semana, ya nos han dicho viene la criatura de culo.

Con cabreo, manifas programadas y bien de bronca, la esperan la familia de la mamá, los defensores de la escuela concertada y con recelo, cierta apatía y mucho cansancio, no se sabe si por volver a vivir este eterno día de la marmota educativa, o por estos agotadores primeros meses de curso que están cayendo como si fuesen años, la familia de los papás, Pedro y Pablo. El caso es que parte de la comunidad educativa ha saltado como un resorte, en cuanto se han pulsado las dos o tres notas prohibidas de este siempre poliédrico órgano de la educación, siempre más proclive a tirárnoslo a la cabeza que a intentar de una vez por todas armonizarlo para el bautizo de la nena, Lomloe, tocándolo a cuatro manos.

Tal es la magnitud de estos primeros árboles, que es imposible como se suele decir podamos ver el bosque de lo que verdaderamente encierra o no esta nueva ley educativa, monopolizando una vez más el debate la escuela concertada, la religión y ahora de postre por si teníamos poco el castellano, que cómo un conejo han sacado de la chistera por sorpresa, dejándonos a todos atónitos con el espectáculo, bochornoso por cierto.

Empezaré por el final, por el castellano, por la retirada de la frase que rezaba en la nueva ley educativa refiriéndose al mismo como “lengua oficial del estado”, a propuesta y como condición para el apoyo de los presupuestos, de Esquerra Republicana entre otros. La verdad es que es fascinante hasta dónde pueden llegar. El surrealismo de las noticias sobrepasa a veces con mucho el absurdo. ¿Cuál es la lengua oficial entonces en esta vieja tierra de conejos, el chino mandarín? Una cosa es preservar el derecho a la cooficialidad de las lenguas en todos los lugares del estado, cosa que defiendo y aplaudo, y otra muy diferente es eliminar el carácter vehicular de aquella con la que has escrito la propia constitución por la que te riges. Igual de derecho tienes que tener a estudiar en catalán, euskera o galego entre otras, que a hacerlo en castellano. Estés donde estés. Quien es capaz de negociar y de ofrecer para el indigno cambalache la lengua de todos, la lengua con la que hemos escrito nuestra propia historia, es capaz de vender algún día hasta a su propia madre. No todo vale.

Aplaudiré sin embargo por una vez a su compadre, mi presidente Lambán, que ya le tocaba también algún halago con la de collejas que se ha llevado en este blog, por su valiente postura de no seguir la línea del partido y posicionarse en contra de este atropello socio-educativo. Aunque su Tweet: “El Gobierno de Aragón colabora con la RAE en su misión de limpiar, fijar y dar esplendor a nuestra lengua…”, parece más el anuncio del Ten con bioalcohol que otra cosa, es de agradecer tener políticos así, que de vez en cuando le echen un par y no se plieguen como perritos asustados a las directrices de unas siglas.

Pero pasemos al modelo concertado de educación, que solo con mentarlo hace que la gente se remueva incómoda en su sillón. Tan lícito es defenderlo como también abiertamente criticarlo, y sin embargo esto último se está vendiendo en los últimos tiempos a ojos de una anestesiada y acrítica sociedad, como algo radical y extremista. Y nada más lejos, sin intención de hacer bandos, ya me canso de trincheras, pero sí de opinar sin que nadie se me alborote, he de decir que en esto sí que creo el gobierno ha estado muy hábil y astuto a la hora de plantear el debate.

Tres puntos se han plasmado al hilo de esta cuestión en la nueva ley educativa, que han levantado ampollas entre los defensores de este modelo educativo. El primero, no ceder suelo público para la construcción de centros educativos concertados, no creo que merezca discusión alguna. Cédanlo a las empresas mejor, facilítenles las cosas a estas para la creación de empleo y reactiven así la maltrecha economía. El segundo habla de la no subvención con dinero público de aquellos centros concertados que segreguen a los alumnos por razón de sexo. Aquí ya hay más controversia. Muchas son las familias que apoyan este tipo de modelo educativo y muchos lo estudios, teorías y  corrientes, con mayor o menor base científica, que apoyan este modelo, sobre todo en esos complicados años de cambio hormonal, acné, reglas y pavo subido, en pos de un supuesto mayor rendimiento académico de los alumnos, fundamentado evidentemente en la distracción que a la chavalería le producen los sugerentes estímulos circundantes, es decir el sexo contrario básicamente.  

Después de haber estado dos años interno, en colegio de curas para más INRI, y habiéndome reincorporado por fin a las clases mixtas de la pública, no voy a decir yo lo contrario que me faltaban ojos y me pasaba más rato mirando la gomita de la braga de la compañera de delante que lo que escribía el profesor en la pizarra, pero hombre, no es esta como ustedes comprenderán una razón de peso para argumentar nos subvencionen a todos este modelo de enseñanza: – ¡Pedroooooo… echa algo de pasta a los concertados hombre, que tengo a mi hijo todo el día embobado mirándole las tetas a la compañera y no me estudia nada! 

Pongámonos serios. Si todos, y aquí sí que hay cierto consenso en la sociedad e incluso entre los partidos políticos, estamos de acuerdo en trabajar por la igualdad de sexos, por la eliminación de estereotipos, de prejucios, de clichés, de educar desde las escuelas en igualdad de condiciones y de oportunidades, es lógico, por coherencia moral, que estos modelos no sean subvencionados. Quien quiera elegirlo, allá él, libertad por supuesto para hacerlo tiene que tener, pero lógicamente ateniéndose a las consecuencias y a las nuevas reglas del juego.  

Nos queda el último de los puntos. Ese en el que me baso para decir que el gobierno ha estado muy astuto a la hora de plantear el debate. El referente a la eliminación del pago de cuotas a estos centros por las familias en ellos matriculadas, exonerando a las mismas de tener que pagar de manera encubierta, bien por actividades extraescolares, por uniformes, por donaciones “voluntarias obligatorias”, etc. Es decir, como el colegio está ya subvencionado por el propio estado y la educación para todos debe de ser gratuita, aquellas familias que a él asistan no deben porqué tener que pagar un plus al propio centro. Una idea totalmente razonable.

Pero es aquí, en este punto a priori tan lógico, donde se ha montado un quilombo monumental entre los propios centros de la concertada y entre las propias familias de los mismos, dividiendo las posturas de unos y otros según sus intereses, muy dispares por otro lado, mostrando con meridiana claridad de qué pie cojea cada uno. Entre los centros, no en todos, la noticia ha caído como una bomba ya que ven mermada ostensiblemente su economía, pero es justo decir que también ha habido parte de los mismos, una minoría, pero haberlos haylos, que ni se ha inmutado ante este anuncio, ya que no cobran ninguna cuota extra a las familias, integran a todo tipo de alumnado y basan su razón de ser en obras sociales y/o religiosas, evidenciando en esa mayor o menor indignación de unos y otros, la diferente justificación y legitimidad de la existencia de unos, la pela, y de otros, la doctrina religiosa, o de ambas en su conjunto, dentro de un mismo modelo educativo.

Por otro lado quedan las familias. Unas encantadas y a favor de esa supresión de las cuotas encubiertas y otras en contra. ¿Cómo?, ¿qué prefieren seguir pagando? Así es. Ahí es donde ha estado la jugada maestra. Si el lema de la educación concertada es el de  “defender la libertad de elección de centros por parte de las familias”, al suprimir las cuotas, todos y digo todos, metan en el saco también a inmigrantes, minorías étnicas, alumnos en riesgo de exclusión social, problemáticos, con necesidades educativas especiales, etc. podrán elegir el centro público o concertado que más les interese, independientemente del poder económico que tenga cada uno, haciendo ahora sí bueno el lema de la libertad de elección de centros para todo el alumnado.

Sin embargo tan brusco cambio de rumbo, tira por tierra el que verdaderamente es para muchos colegios y también para algunas familias el verdadero eslogan de este modelo educativo concertado, el de la “libertad de elección de alumnos”, cribado y perfectamente ensamblado a través de las susodichas cuotas. También afloran a la luz entre las familias los diferentes intereses de unas y otras, y las diferentes causalidades, no todas igual de lícitas, que les llevan a elegir este tipo de modelo educativo: distancias, tipo de alumnado, prestigio, comodidad, excelencia, etc. Al proponerse la eliminación de cuotas y plantear la posibilidad de abrir los centros concertados a todo el alumnado sin distinción, es cuando aparecen las familias que no plantean ni ven en ello problema alguno, buscando en estos modelos tan solo comodidad y educación, y aquellas otras que quitándose la careta ponen el grito en el cielo evidenciando que además de educación, en estos modelos buscan elitismo a base de segregación.

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